En el que probablemente fue uno de los discursos más extensos que pronunció desde que asumió, el Presidente presentó los lineamientos generales de un conjunto de medidas que se propone impulsar en esta segunda etapa de su gobierno. Ante un auditorio que incluía un grupo de rectores de universidades nacionales cuidadosamente seleccionados, dedicó un solo párrafo al sistema universitario, donde realizó tres afirmaciones: (1) que la cantidad de universidades, docentes y no docentes creció en los últimos 10 años un 30 por ciento mientras que la matrícula de estudiantes, sólo el 13 por ciento; (2) que la Argentina tiene una de las tasas de graduación más bajas del mundo; (3) que las universidades debemos contribuir a reducir el gasto público.

Las tres afirmaciones forman parte de una operación discursiva a la que la retórica oficial nos tiene acostumbrados. Esta operación inicia siempre con la simplificación de un fenómeno complejo; continúa con la introducción de uno o dos datos, preferentemente numéricos; sigue con alguna clase de comparación con “el mundo” y culmina con una solución que se presenta como si derivara de las afirmaciones previas y fuera, además, la única posible. La fórmula es de una eficacia demoledora, toda vez que logra instalar una perspectiva de los problemas rápidamente comunicable y accesible a un público lego, al tiempo que, gracias al uso de datos que nadie, por supuesto, está en condiciones de chequear, produce un efecto de precisión que genera la ilusión de que el razonamiento es confiable. Finalmente, la referencia comparativa a otros países instala un horizonte deseable que tiene como contracara una suerte de distorsión, desvío o “anormalidad” propiamente argentina, sobre la que se hace necesario intervenir con urgencia (por ejemplo, reduciendo el gasto público de las universidades).

Como académicos que somos, solemos analizar este tipo de razonamiento en términos de su verdad o su falsedad. Rápidamente nos vemos tentados a preguntar acerca de la fuente de esos datos, a contrastarlos con otras fuentes o a analizar el modo en que fueron construidos. No podemos dejar de preguntarnos cómo se compone ese 30 por ciento de crecimiento del sistema universitario; si contempla o no la regularización de las plantas de personal que tuvo lugar en la última década, que en una proporción muy significativa representó reconocimiento de derechos de docentes y no docentes que ya trabajaban en las universidades (incluso derecho al salario, como en el caso de los docentes ad honorem) y no crecimiento neto de las plantas; si la tasa de graduación está calculada sobre la duración real o teórica de las carreras; o si, en la comparación internacional, se considera que nuestras carreras de grado tienen una extensión muy superior  a las que se dictan en universidades de países desarrollados.

Sin embargo, ya sabemos que este es un camino inconducente. La imprecisión de los datos, la falta de rigor en las comparaciones, o los saltos argumentativos que atraviesan ese breve párrafo que le dedicó el Presidente a las universidades públicas son asuntos completamente irrelevantes frente a la eficacia de lo que instala y sus efectos. Cuando el Presidente elige mencionar “el caso de las universidades” sólo como un ejemplo más de una larga lista de los que él considera son inaceptables excesos en el gasto público, y omite toda referencia al sistema universitario en relación con los propósitos de favorecer “el crecimiento de más y mejor empleo”, “el crecimiento de la producción”, el “fortalecimiento institucional” o la “modernización del Estado”, instala, tanto por lo que dice como por lo que no dice, que no se espera que las universidades realicen ninguna contribución al modelo económico y de desarrollo que está promoviendo y que, por lo tanto, es razonable, necesario y urgente reducir el gasto destinado a su sostenimiento.

Ni aún las perspectivas más economicistas de la educación superior desconocen el aporte que realizan las universidades al desarrollo económico, lo que vuelve más resonante aún la omisión del Presidente en ese contexto. Es esa omisión y sus efectos lo que debe preocuparnos. Pero no en nombre de la defensa más o menos corporativa del presupuesto universitario o del modo en que los universitarios hacemos las cosas, sino en nombre de la defensa de un modelo de país y desarrollo que requiere que el sistema universitario y el sistema científico tecnológico sigan produciendo conocimiento, transfiriendo nuevas tecnologías al sector productivo, y formando a los profesionales que la sociedad requiere, para asegurar igualdad, crecimiento y soberanía. 

Pero además, si el Presidente quiere de verdad un país en el que terminemos con la pobreza y “los argentinos tengan la libertad de elegir sobre su propia vida” y “concretar sus proyectos y sus sueños”, necesitamos más y no menos universidades que garanticen el derecho de estudiar y formarse a todos nuestros jóvenes. 

El Presidente enfatizó la necesidad de construir, a través del diálogo, “consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos para el desarrollo del país”. Los universitarios tenemos mucho que aportar a ese diálogo. No le tenemos “miedo al cambio” ni pretendemos defender privilegios. Tampoco le tememos, claro, al pensamiento crítico, a la pluralidad de ideas, ni a la complejidad de los problemas.

 

*Columna publicada en el diario Página 12

Gabriela Diker
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