Comenzó el Juicio Contraofensiva, la última operación de Montoneros

Con nueve imputados de la estructura de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura, más de 250 y 94 acusaciones por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980, comenzó el martes en los tribunales de San Martín.

“No lo recuerdo”, señaló Raúl Pascual Muñoz cuando el presidente del Tribunal Oral Federal  (TOF) N° 4 de San Martín, Esteban Rodríguez Eggers, le preguntó su número de legajo en el Ejército. La sala repleta observó en silencio. Sentado en el banquillo de los acusados, de traje azul oscuro, con sus manos apoyadas sobre el regazo y el bastón a mano, continuó. A su espalda, lo apuntaban casi cien fotos de las víctimas de sus abusos y tormentos. “¿Tiene antecedentes penales?”, volvió a preguntar el magistrado. “Una condena a perpetua”, contestó el anciano. El interrogatorio preliminar fue corto. “No voy a declarar”, finalizó el ex director del Departamento de Personal del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares durante la última dictadura cívico militar. La escena se repitió, de manera sistemática, con otros tres imputados que presenciaron la audiencia inicial del juicio, dos veces suspendido, la Contraofensiva, donde serán juzgados nueve represores por 94 acusaciones por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980.

Junto a cuatro represores más, Muñoz escuchó ayer, en la Sala Pueyrredón de San Martín, la lectura de los requerimientos de la parte querellante por 94 casos de delitos de lesa humanidad aplicados, en el país y en el exterior, a casi un centenar de militantes de la organización política Montoneros.

De los nueve imputados, seis pertenecieron al Comando de Institutos Militares: Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del departamento de personal del Estado Mayor; Carlos Blas Casuccio, ex segundo jefe del Departamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2); Eduardo Ascheri, ex jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2); Marcelo Cinto Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Departamento 201 de Inteligencia, y Alberto Daniel Sotomayor, ex jefe de la Primera Sección del Destacamento 201 de Inteligencia. 

Dos de los juzgados se desempeñaron en el Batallón 601 de Inteligencia: Roberto Dambrossi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas, y Luis Ángel Firpo, ex jefe de la Central de Contrainteligencia y ex jefe de la División Seguridad. La lista se completa con Jorge Norberto Apa, el ex jefe de la división de Inteligencia “Subversiva Terrorista” del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.

Los hechos enumerados durante más de una hora, al inicio, serán el marco de un juicio que tiene más de 250 testigos y que se extenderá hasta el año que viene. Se trata de un proceso que buscará reparar desde las condenas y desde lo simbólico ya que, consideran familiares y querellantes, aportará claridad respecto del aparato de espionaje ilegal montado por la última dictadura cívico militar y en el que participaron distintas fuerzas de seguridad.

Además de Eggers, el tribunal se compone por los jueces Alejando De Korvez y Matías Alejandro Mancini. 

“Este juicio es un logro del trabajo de muchos años, de muchos compañeros. Sabemos que recién es el inicio y que aún falta un año para llegar a, entre otras cosas, a lo que todos esperamos, que se haga justicia. Es importante hacer eje, no solo en la sentencia que tenga este juicio, sino en las declaraciones de los 250 testigos porque se construirá un relato desde la perspectiva de los sobrevivientes, de los participantes y de quienes formaron parte de la contraofensiva montonera”, indicó a El Sanmiguelino el hijo restituido, nacido en Campo de Mayo, Guillermo Amarilla.

El juicio estará delimitado a la búsqueda de justicia, por parte de familiares y querellantes, por los abusos, tormentos, violaciones y asesinatos cometidos a militantes, en el marco de la campaña que Montoneros realizó a partir de 1979 para “reorganizar la resistencia contra la dictadura genocida”, señaló el fotógrafo Gustavo Molfino, familiar de tres de las víctimas que integran la causa, y testigo en el juicio.

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Muñoz salió de la sala al baño acompañado de su familiares. Dos de ellos lo esperaron en la puerta. A pocos metros, bajo el sol que regaba una parte del patio interno, estaba el fotógrafo y especialista en comunicaciones de la operación Contraofensiva de Monotoneros, Gustavo Molfino. Es el hijo de Noemí Gianotti, detenida en Perú y asesinada en España producto de la colaboración de estos países y al desarrollo de la Inteligencia de la dictadura fronteras afuera de Argentina. Es, además, el hermano de Marcela Molfino, detenida-desaparecida en el centro clandestino de detención El Campito de Campo de Mayo, y cuñado de su compañero, Guillermo Amarilla, también detenido-desaparecido. 

Una de las últimas veces que lo tuvo cerca al anciano vestido de traje azul oscuro y bastón, lo fotografió.  Fue en 2015, cuando Muñoz concurrió a declarar al mismo lugar. Ese día, el represor sacó la lengua al lente, burlándose, e inmortalizó una foto que fue expuesta en la muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, tiempo después.

Muñoz bromeó en la puerta del baño con una persona sobre su bastón. Sus propios familiares, en prolijos cortes y rubios, no lo perdieron de vista en un patio lleno de familiares de sus víctimas. Esperó que se desocupe y entró. Del mismo baño salió una persona del público, que, en la sala, levantó una foto de desaparecidos. Salió apurada, no registró el momento. El cuarto intermedio terminó. Todos volvieron a la sala.

El imputado Raúl Pascual Muñoz. / Foto: Gustavo Molfino.

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Durante las audiencias que se extenderán a lo largo de todo el proceso, el testimonio de testigos y el aporte de querellantes será crucial ya que, según desarrolló a Página 12 la fiscal Gabriela Sosti, integrante del proceso en representación del Ministerio Público Fiscal, “se pueden llegar a abrir nuevas preguntas en relación a los prejuicios encallados que existen sobre la Contraofensiva de Montoneros”. En el mismo sentido, agregó: “Se pueden poner en crisis los pensamientos de que la Contraofensiva fue una locura, de que se mandó a matar a los compañeros que habían logrado el exilio, que se pensó desde afuera de Argentina y que las víctimas fueron solo las que ingresaron al territorio desde diversos destinos”.

La particularidad de este juicio es que no se centrarán los crímenes de lesa humanidad en un centro clandestino de detención, sino que se juzgará a la estructura de inteligencia que montó el Ejército desde su accionar en Campo de Mayo.

Los nueve imputados, todos con dependencia hasta sus retiros en Campo de Mayo y en relación con la estructura de Inteligencia que desarrolló un plan ilegal de secuestros a militantes montoneros que vivían en el exilio, deberán permanecer en todas las audiencias. El asunto, fue uno de los primeros en tratarse luego de la solicitud efectiva de la defensa, sobren presentar una dispensa para beneficiar a Pascual Muñoz con la no asistencia a las audiencias posteriores, bajo el argumento de tener a su mujer enferma.

En el caso de otro de los imputados ausentes en la primer audiencia, el ex Jefe de alto rango en el Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Eduardo Ascheri, acusado entre otros cargos por 29 homicidios, los abogados defensores hicieron llegar al juez un informe de la obra social que acreditaba una enfermedad y que la misma le imposibilitaba asistir al juzgado. La querella, en conjunto, señaló la necesidad de constatar la afección sanitaria del represor con un médico forense.

El pedido de otorgar el privilegio a los imputados de ausentarse en las posteriores audiencias, no fue aceptado por la querella. “Es necesario que los represores estén en las audiencias para facilitar eventuales reconocimientos por parte de los testigos. No se puede otorgar semejante privilegio en delitos de lesa humanidad”, señalo el abogado querellante Pablo Llonto al tribunal. En el mismo sentido, la fiscal Sosti agregó: “la presencia es una obligación y no un derecho”. Finalmente, luego de decidir en cuarto intermedio, los jueces hallaron razón en la parte acusatoria y señalaron que para ausentarse, cada imputado deberá probar cada semana, a través de sus defendidos, los motivos que luego serán evaluados.

“Vamos a lograr el alivio con las condenas y con ver a los represores solos, sentados en el banquillo de los acusados. Además, será importante la riqueza que vamos a tomar escuchando los relatos de todo lo que pasó con las compañeras y los compañeros que están desaparecidos”, expresó Amarilla a El Sanmiguelino.

El caso del TOF N°4, que por primera vez lleva adelante un juicio de lesa humanidad, obtuvo la aprobación de miembros de los organismos de Derechos Humanos, en lo que dejó la primera audiencia. “Tenemos mucha expectativa. Será cuestión de empezarnos a conocer con el tribunal. Hoy ya nos conocimos entre todas las partes, con planteos de un lado y del otro. Entendemos que todas las resoluciones han sido en función de los solicitado por nuestro lugar”, señaló, al retirarse de la sala, a El Sanmiguelino, el abogado de abuelas que participa como querellante en el juicio, Pablo Lachener.

Uno de los principales requerimientos de la parte acusatoria compuesta por los abogados querellantes; Maximiliano Chichizola y Yanina Michelena, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; Pablo Lechener, por Abuelas de Plaza de Mayo; Ernesto Lombardi, Rafael Flores y Pablo Llonto, en representación de las familias, y los representantes del Ministerio Público Fiscal, Marcelo García Berro y Gabriela Sosti, fue permanecer en la sala durante el proceso. 

“Vamos a solicitarle a los jueces que las partes querellantes que se encuentran presentes, puedan permanecer en la sala, no solo en el acto que vienen a continuación, sino en la totalidad del debate y lo vamos a fundamentar en el artículo 359 del Código Penal, que establece que el tribunal citará a las partes al debate, el 374, que habla de la presencia de las partes en el debate, el 386, que señala el examen de testigos en el domicilio y el 389 que dice ‘podrán las partes hacer preguntas'”, señaló Llonto. 

Acompañada por sus pares en la moción, señaló una de las necesidades de este juicio: la posibilidad de que los familiares, querellantes, puedan participar de todas las audiencias que se extenderán en lo que dure el proceso. Luego de un intercambio, y posterior a un nuevo cuarto intermedio para definir una postura, el juez Eggers marcó la posición del tribunal a favor del pedido.

 

Son juicios que reparan. Eventualmente, una condena no modifique la realidad de algunos imputados, pero si cambia el sentido reparatorio para las víctimas. Si uno se atiene al rigorismo formal del Código, puede ser que una víctima o un familiar que estuvo esperando esto durante 40 años, lo citen a declarar el anteúltimo día de audiencias, y se pierda todo el juicio. (Lachener)

Lo que se jugaba en esa acción, realmente, era el trasfondo reparador de un juicio que inició el mismo martes 9 de abril en que Abuelas anunció la restitución, desde España, de la nieta número 129. 

Tribunal repleto con familiares y sobrevivientes / Foto: Gustavo Molfino.

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Sobre Roberto Dambrossi, pesan los cargos de 88 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, doblemente agravadas por haber sido cometida con abusos funcionales, con violencia y amenazas reiteradas, 79 de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos; nueve allanamientos ilegales y 82 homicidios agravados por la alevosía y por haber sido realizado entre dos o más personas. 

Raúl Guillermo Pascual Muñoz, deberá responder por 47 privaciones ilegítimas de la libertad, doblemente agravadas por haber sido cometida con abusos funcionales, con violencia y amenazas reiteradas, 44 de ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos. Dos allanamientos ilegales, tres abusos deshonestos y 43 homicidios agravados por la alevosía y por haber sido realizado entre dos o más personas. 

Carlos Blas Casuccio, responderá al mismo tribunal por 67 privaciones ilegítimas de la libertad, con los mismos agravantes que los anteriores, todos agravados por el tiempo transcurrido, 7 allanamientos ilegales y 64 homicidios.

Jorge Eligio Bano, deberá dar explicaciones por 87 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, con los mismos agravantes que los anteriores, nueve allanamientos, tres abusos deshonestos y 81 homicidios agravados. 

Eduardo Ascheri, carga con la imputación de 33 privaciones ilegítimas de la libertad, agravados igual que los anteriores, en 27 casos doblemente agravado, seis allanamientos y 29 homicidios. 

Luis Ángel Firpo, pesa con la responsabilidad de 43 detenciones ilegítimas de la libertad, tambien agravada por ser cometida con abuso funcional, con violencia y amenazas reiteradas, 37 de ellas agravadas doblemente, al igual que los otros imputados, por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos. Además, la imputación por siete allanamientos y 40 homicidios. 

Marcelo Cinto Courteaux, es imputado en 88 hechos, con el mismo agravante que los anteriores para los 88 casos. Además, deberá dar explicaciones por nueve allanamientos, tres abusos deshonestos y 82 homicidios. 

Por último, Alberto Daniel Sotomayor, sera juzgado por 43 privaciones ilegítimas de la libertad, 37 de ellas agravadas, 7 allanamientos y 40 homicidios agravados. 

Foto: Gustavo Molfino.
Los imputados, atrás sus familiares. / Foto: Gustavo Molfino.
Jerónimo Galarza

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