El tribunal en pleno respondió al Gobierno para recibir capacitación sobre cuestiones de género

Tribunal Superior de Justicia
pasó el gobierno de nuevo
esta vez para responderle por
falta de respuestas
ante la
invitación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad
así es ese organismo que
entrenamiento de género
a las máximas autoridades del poder judicial.

En resolución firmada por los cinco jueces de la Corte, en 8 páginas, resuelta pero cortésmente, “agradecen la invitación” para hacer ese entrenamiento al frente del Ministerio de la Mujer y recordar al Gobierno que, desde 2019, se encuentra vigente un convenio donde La Oficina del Tribunal de Mujeres es responsable de estas actividades para el Poder Judicial. La Justicia la empodera la Justicia, no el Poder Ejecutivo, es el razonamiento que sale por escrito.

También muestran que ellos, como otra potencia del Estado, tienen la autonomía para establecer sus propias regulaciones. Además, informaron al Gobierno que los jueces de la Corte ya realizaron la capacitación obligatoria, así como la mayor parte del personal, con actividades que se repitieron en el interior y en la ciudad de Buenos Aires.

Esta nueva brecha entre la Corte y el Gobierno agrega aún más
críticos
que el presidente
Alberto Fernández dedicado al Presidente de la Corte,
Carlos Rosenkrantz,
a quien acusó de violar la Ley Micaela, que ordena la capacitación obligatoria en género para los funcionarios públicos. Esto sucedió en medio de una pelea cuerpo a cuerpo con el Ejecutivo por la sentencia que debe dictar el máximo tribunal en traslados de sala.
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Cuando aumentaron las tensiones a fines del mes pasado, la Ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, Afirmó que los propios jueces de la Corte violaron esta ley porque no habían realizado capacitación en género. Dijo que había enviado varias cartas para coordinar esas actividades y que no había recibido respuesta y que desde allí hizo el reclamo público del Presidente.

En ese momento, la jueza Elena Highton de Nolasco, encargada de la Oficina de la Mujer, respondió a Fernández con un comunicado de prensa. Y ahora la Corte Suprema lo hace en pleno con una resolución en la que recordó al Ejecutivo que comenzaron a capacitarse antes que nadie a través de los Talleres de Género, reconocidos por Naciones Unidas, como base de la Ley Micaela desde 2019 hizo que estas capacitaciones fueran obligatorias.

Ahora la Corte le envió una larga lista de antepasados ​​de lo que ha hecho en relación con el caso, cuyos antecedentes, dijo, fueron registrados y reportados al propio Ministerio de la Mujer, el ex Instituto Nacional de la Mujer.

Señaló que Argentina está comprometida con la inclusión de la perspectiva de género en las distintas competencias del Estado a partir de la inclusión del tema en tratados internacionales de rango constitucional, entre ellos la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) y la “Convención Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “(Convención Bele´m do Para´).

Esto último es lo que impone a la Argentina la obligación de capacitar a la administración de Justicia en perspectiva de género y desde 2009 la Corte estableció la Oficina de la Mujer dedicada a estas tareas. Y es esta agencia la que se comunica con las demás competencias del Estado para la coordinación y gestión de los programas de formación.

Así, durante 11 años esa oficina ha realizado estas tareas junto con Capacitaciones en Violencia Doméstica, Diligencia Adecuada, Delitos Sexuales en el Contexto de Crímenes de Lesa Humanidad, Trata de Personas para Explotación Sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica y Lengua y género, entre otras actividades.

Por otro lado, el seminario Perspectiva de Género, con una conferencia de 16 horas, fue certificado por Naciones Unidas y también declarado como una buena práctica por la Organización de Estados Americanos.

Esta oficina de la Mujer organizó sesiones de capacitación en todo el país y “modeló

el establecimiento de estas Oficinas, que operan en la mayoría de las provincias. “En 2016 se habilitó el aula virtual de la Oficina de la Mujer para brindar talleres en todo el país, los cuales se registran en un registro con sus asistentes.

En 2017, antes de la aprobación de la “Ley Micaela”, la Oficina de la Mujer propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación del impacto del seminario Perspectiva de Género, un proyecto sin precedentes en el mundo. Esta evaluación fue implementada con el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, y bajo la responsabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los hallazgos del equipo que evaluó los talleres muestran que “el tema de género entró en la agenda de la población del Poder Judicial. La tasa meta de recomendación es significativamente superior a otros indicadores, alrededor del 88% para las mujeres y el 86% para las mujeres.% Para los hombres, lo mismo que la capacidad del seminario para instalar las cuestiones de género como relevantes para la vida cotidiana “.

Así, se llegó al año 2019 con la sanción de la Ley Micaela exigiendo la formación exigida por el ministro Gómez Alcorta. “Esta Corte comparte plenamente los principios que inspiran su emisión, los cuales, durante mucho tiempo, han sido impulsados ​​por la Corte para su actuación interna, en el resto del Poder Judicial de la Nación y del Poder Judicial del país”.

Y agrega que es tal que antes de que existiera la ley, en sus cimientos, los Talleres de Sensibilización del Poder Judicial fueron reconocidos como anteriores.

Además, la Corte recordó al Gobierno que en febrero de 2019 firmó un convenio con el Instituto Nacional de la Mujer sobre el cumplimiento e implementación de la ley Micalea en el ámbito del Poder Judicial. Las máximas autoridades del Poder Judicial “son las encargadas de velar por la implementación de la capacitación” por lo cual decidió que el “Instituto Nacional de la Mujer, en su calidad de autoridad para la implementación de la Ley No. 27.499, reconoce el cumplimiento de la referida norma de capacitación obligatorio en género para todas las personas que integren el Poder Judicial a través del “Taller

Perspectiva de género ‘elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Nacional. “En otras palabras, la Justicia está empoderada por la Justicia, no por el Ministerio de la Mujer.

“De acuerdo con este convenio, la Oficina de la Mujer ha capacitado a las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya gran parte de su personal”, escribió la Corte. Todo queda registrado y los informes “alimentados” se envían al Ejecutivo.

“Es recomendable utilizar las estructuras e instrumentos existentes, especialmente diseñados para el Poder Judicial, para realizar las acciones de capacitación”, dijo la Corte a Gómez Alcorta y agradeció elegantemente al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad por cursar convocatorias a nivel nacional y realizar “Sabiendo que en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la Nación, la Oficina de la Mujer realiza actividades de sensibilización y capacitación a través del Taller Perspectiva de Género”